El Ministerio de Economía y Finanzas anunció el pasado 23 de febrero una serie de medidas de estímulo a la inversión y el empleo, con beneficios para los proyectos que generen mayor cantidad de puestos de trabajo, sean innovadores y dispongan de pautas de cuidado del medio ambiente. 

- A través de un nuevo decreto reglamentario, se implementarán modificaciones al régimen establecido por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) con un incremento de 100 a 130 en el puntaje para la evaluación de proyectos de inversión con más capacidad de derrame en la economía se implementarán una serie de beneficios transitorios, como el incremento del 10 % en el porcentaje de exoneración que surge de la matriz de indicadores para los proyectos de inversión presentados entre marzo de 2018 y febrero de 2019, que ejecuten al menos el 75 % a diciembre de 2019. 

- En el caso de las pequeñas y medianas empresas, se aumentará de 10 a 20 % el beneficio adicional del IRAE en los proyectos promovidos y se simplificará el procedimiento de su presentación.

- Se prorrogará por un año el plazo para presentar nuevos proyectos al amparo del Decreto 329/016 de 13/10/16 de  que otorga beneficios a la construcción de gran dimensión económica

- Proyecto de Ley exonerando de todo recargo y en general de todo tributo (incluido el IVA a la importación) a los bienes que integren los costos de maquinarias y equipos para uso agrícola, así como las partes y accesorios, de modo de equilibrar las condiciones competitivas para la industria nacional.  

- Proyecto de Ley para mejorar los beneficios establecidos para nuevas inversiones, con aumento de los porcentajes de deducciones y topes.  

- Régimen simplificado de Impuesto al Patrimonio para los contribuyentes de IRAE ficto que adhieran a facturación electrónica.

- Reducción de los costos de los recargos por mora por cancelación de deudas y generación de más canales de pago.

- Fortalecimiento de derechos del contribuyente, por ejemplo la eliminación de la potestad de la DGI para clausurar comercios sin que exista resolución judicial, entre otros. Además, se preve derogar la facultad de suspender el certificado de vigencia anual pasados los 90 días desde la adopción de medidas cautelares.