La Auditoría Interna de la Nación comunicó a las entidades comprendidas en la Ley 18.930, cuyo plazo de registro venció el 31 de octubre de 2017, deberán informar sus beneficiarios finales al Banco Central, a efectos de evitar la suspensión del Certificado de Vigencia Anual de la Dirección General Impositiva, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas.

Se recuerda que la obligación de informar beneficiario final comprende también a las entidades integradas únicamente por personas físicas.

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