Las disposiciones de la Ley 19.749 de 15 de mayo de 2019 y su decreto reglamentario 136/019 de 16 de mayo de 2019 tienen por objeto la implementación de las sanciones financieras a personas físicas o jurídicas relacionadas con el terrorismo, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, en virtud de lo establecido en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

Este informe está especialmente enfocado en la función del Contador Público.

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